Quito, 20 dic (Sputnik).- La ciudadanía y líderes locales de la municipalidad ecuatoriana de Salinas, provincia costera de Santa Elena (oeste), rechazaron el jueves una propuesta de su alcalde, Dennis Córdova, para construir en la zona una cárcel de máxima seguridad.
“La Junta Cívica de Salinas, ante las últimas noticias relacionadas con la solicitud de implementación de un proyecto de infraestructura en el cantón Salinas, dirigida al ministro de Gobierno de Ecuador y firmada por el alcalde Dennis Córdova; manifiesta su rechazo categórico al proyecto de un Centro de Privación de Libertad en nuestro territorio”, expresó el colectivo en un comunicado, circulado en medios locales.
La administración del presidente Daniel Noboa informó que el Gobierno Autónomo Descentralizado de Salinas propuso levantar en dicha municipalidad el centro penitenciario que inicialmente se pensaba edificar en la localidad amazónica de Archidona, lo cual generó dos semanas de protestas de sus habitantes.
Esta sería la segunda instalación de su tipo que se levantaría en Santa Elena, donde ya está en marcha la construcción de una megacárcel en la zona Bajada de Chanduy, pese al rechazo de las comunidades de la región.
En Salinas, varios gremios de hoteleros, pescadores, artesanos, turismo y comerciantes, entre otros, anunciaron para el próximo sábado una marcha pacífica en rechazo a la propuesta de su alcalde.
Tanto las Comunidades de Bajada de Chanduy como la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Archidona emitieron el pasado día 14 de diciembre un “Manifiesto de rechazo y alerta ante la imposición arbitraria de cárceles de máxima seguridad en territorios ancestrales”.
“Estas imposiciones profundizan la discriminación estructural y perpetúan la exclusión de nuestras comunidades en la toma de decisiones que afectan directamente nuestras vidas. ¿Cómo puede un gobierno que dice defender la paz y la justicia construir su política carcelaria sobre la base de la violencia institucional y la violación de derechos?”, cuestionaron las organizaciones.
En el texto se llama a la comunidad nacional e internacional y a organismos de derechos humanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a pueblos y movimientos sociales del mundo a condenar la decisión del gobierno de Noboa.
Las comunidades rechazan que no se han socializado los proyectos a través de una consulta previa, libre e informada, lo cual atenta contra sus derechos consignados en la Constitución vigente.
A ello se suma los temores por el incremento de la violencia en sus lugares de residencia y la caída del turismo, su principal fuente de ingreso. (Sputnik)
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