Brasil cuenta con un promedio de 74 millones de hectáreas de vegetación nativa en propiedades rurales que exceden las exigencias del Código Forestal y están pendientes de pago por servicios ambientales. Estas áreas, que permanecen intactas, podrían generar ingresos para sus propietarios al recibir compensaciones por conservar la vegetación. Paralelamente, el país enfrenta el desafío de restaurar o compensar 21 millones de hectáreas de tierras deforestadas para cumplir con los requisitos legales. En total, estas áreas suman 95 millones de hectáreas que requieren acciones de restauración o pago por servicios ambientales.
Los datos provienen del 3.º Panorama del Código Forestal, elaborado por el Centro de Teledetección de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Este estudio se basó en tecnología desarrollada por la propia universidad y evaluó el cumplimiento de las normas del Código Forestal en más de 7 millones de propiedades rurales registradas en el Registro Ambiental Rural (CAR), un sistema público y obligatorio a nivel nacional para todas las propiedades y posesiones rurales.
Revisado en 2012, el Código Forestal brasileño establece las reglas para la protección de la vegetación nativa, definiendo las áreas mínimas que deben ser preservadas según el tipo y tamaño de cada propiedad rural.
“Si una propiedad tiene un porcentaje de vegetación nativa superior al exigido por la ley, el Código Forestal permite la emisión de una cuota de reserva ambiental. Este instrumento puede servir de respaldo para pagos por servicios ambientales o para participar en mercados de activos forestales”, explica Felipe Nunes, investigador asociado del Centro de Teledetección de la UFMG y coautor del estudio.
Los pagos por servicios ambientales pueden provenir del Gobierno Federal, los estados, los municipios o incluso del sector privado. Según Nunes, “cuando se realiza un pago por servicios ambientales, el propietario es compensado por mantener intacta la vegetación autóctona. Este servicio ambiental puede ser reconocido y financiado a través de programas gubernamentales o iniciativas privadas que valoren la contribución de estas áreas al medio ambiente”.
Déficit
Además de identificar áreas con vegetación nativa que superan los requisitos legales, el estudio también señaló terrenos con déficit de vegetación nativa que deben ser restaurados o compensados para cumplir con las normas del Código Forestal.
La revisión del Código Forestal en 2012 introdujo una amnistía para la deforestación realizada hasta 2008. Sin embargo, esta amnistía no exime a los propietarios de regularizar sus propiedades si no cumplen con el mínimo de vegetación nativa exigido por la ley.
“El propietario debe restaurar la vegetación utilizando sus propios recursos, es decir, con inversiones propias, o regularizarla a través de compensaciones en otras áreas o mediante trabajos de restauración en zonas diferentes, siempre respetando los criterios establecidos”, explica Nunes.
Fraude y deforestación
El estudio también revela que, después de 2008, el 26% de la deforestación en propiedades rurales ocurrió en Áreas de Preservación Permanente (APP). Los estados con las tasas más altas de deforestación en estas áreas, en orden ascendente, fueron Rondônia, Acre, Pará, Roraima y Amazonas, todos dentro de la región conocida como Amazonia Legal.
El 3.º Panorama del Código Forestal también identificó un aumento significativo en los registros superpuestos en el CAR, lo que implica que propietarios privados han registrado tierras pertenecientes a otras categorías, como unidades de conservación, tierras públicas aún no destinadas y tierras indígenas, como si fueran de su propiedad. En la Amazonia Legal, la incidencia de superposiciones pasó del 12,4% al 18,3% en el último año. Los registros superpuestos incluyen 13.433 casos con unidades de conservación, 2.360 con tierras indígenas y 206.495 con tierras públicas sin destino específico.
Para el investigador Felipe Nunes, estos datos evidencian la urgencia de mejorar el Sistema Nacional de Registro Ambiental Rural. “El sistema actual es totalmente inadecuado para la magnitud del territorio brasileño y sus características geográficas diversas. Además, carece de mecanismos básicos que la tecnología ya puede ofrecer. Por ejemplo, el sistema permite registrar propiedades sobre tierras indígenas, lo cual es ilegal según nuestra legislación. No debería aceptar este tipo de registros irregulares”, explica.
En total, se identificaron más de 200.000 propiedades en situación irregular o con posible fraude. Según Nunes, la modernización del sistema y un control más riguroso no solo garantizarían la efectividad de los pagos por servicios ambientales, sino que también contribuirían al desarrollo económico del país.
“El mayor activo de Brasil es su patrimonio forestal. La agroindustria brasileña, con su capacidad de producción única en el mundo, puede combinarse con la preservación ambiental para posicionar a Brasil como una potencia agroambiental. Con millones de hectáreas de vegetación preservada y una producción agrícola próspera, Brasil tiene la oportunidad de liderar una nueva agenda global. Esto incluye promover el pago por servicios ambientales, la sostenibilidad agrícola y la implementación de uno de los programas de restauración forestal a gran escala más ambiciosos del mundo”, concluye Nunes.
AgenciaBrasil
