San Petersburgo (Rusia), 21 jun (Sputnik).- Venezuela solicitará una respuesta formal de la comisionada para los Derechos Humanos de la Federación de Rusia, Tatiana Moskalkova, sobre los venezolanos detenidos y deportados de Estados Unidos a El Salvador, declaró a la Agencia Sputnik el defensor del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, Alfredo José Ruiz Angulo.
“Esperamos, dentro de poco, presentarle formalmente esta situación a la comisionada para los Derechos Humanos (de Rusia) para ver si unimos esfuerzos y tener algo de justicia en este caso”, dijo Ruiz a esta agencia en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés).
Caracas ya ha hecho llamados a las autoridades salvadoreñas para que pongan en libertad a “esas personas que no cometieron ningún delito ni en El Salvador ni en EEUU” y “nunca se han enfrentado ante un juez”, pero no ha recibido respuesta.
“Si ellos piensan que (los venezolanos detenidos) tienen algún delito, que los pongan a la orden del juez para que realmente se haga justicia. Pero que no los tengan en esa situación de aislamiento como los tienen actualmente”, urgió el defensor.
Ruiz explicó que algunos de los venezolanos que se fueron a EEUU para mejorar su situación económica debido a una amenaza constante contra Venezuela en forma de medidas coercitivas unilaterales, que buscan evitar el desarrollo de la economía del país y frenar cualquier tipo de comercio con él, acabaron en “unos campos prácticamente sin acceso ni a un tribunal, ni a un intérprete, sin poder justificar nada, ni poder comprender qué es lo que le están haciendo”.
“Son tratados como si fueran delincuentes o peor que delincuentes, porque ni siquiera les respetan los derechos humanos”, lamentó.
Una vez llevados a El Salvador “en calidad prácticamente de rehenes”, prosiguió el funcionario, esos migrantes venezolanos ya “no les importan” a las autoridades estadounidenses que dicen que eso no es su problema porque se trata de las personas que ya no están en el territorio de EEUU.
Ruiz expresó su convicción de que eso “es lo más cruel porque es desentenderse de un problema que ellos mismos crearon secuestrando a estas personas”.
“Las autoridades de El Salvador dicen que esos detenidos es un convenio, es un contrato que tiene con EEUU y que EEUU le está pagando por mantenerlos allí. Prácticamente lo que están haciendo con la vida de esas personas es un negocio, tratando de recibir algún beneficio por tenerlos allí”, dijo.
Mientras, abogados y familiares de los deportados intentan vistarlos, ponerse en contacto con ellos de alguna forma, obtener algún certificado que confirme que efectivamente están detenidos allí “porque los vieron en las imágenes de televisión”, pero de momento no han logrado enterarse de si los cambiaron de sitio, cómo están de salud, por qué están ahí, ni cuánto tiempo van a permanecer aislados del resto del mundo, relató el defensor.
La semana pasada, Ruiz se reunió con 25 familiares de los migrantes venezolanos deportados y se acordó seguir insistiendo ante las Naciones Unidas para que haya una respuesta formal por parte de sus organismos de derechos humanos ante la situación.
“Vamos a seguir insistiendo y estamos llamando a la solidaridad de todos los pueblos del mundo para que no se cometa ese tipo de injusticia, que se está cometiendo en este caso contra nosotros, contra los venezolanos y las venezolanas, pero que pudiera en el futuro también ser cualquier persona detenida, sin saber por qué está detenida, sin ningún derecho a la defensa”, subrayó.
El presidente de EEUU, Donald Trump, invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, arguyendo que integraban la banda delictiva Tren de Aragua, o que carecían de pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en la nación norteamericana.
Mediante un acuerdo entre la Administración de Trump y el Gobierno de El Salvador, más de 250 venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en el país centroamericano, pero Caracas asegura que se trata de migrantes comunes y calificó la medida de “secuestro”.
Además, el 19 de mayo, la Corte Suprema de EEUU autorizó al Gobierno a revocar el estatus de protección temporal (TPS) a miles de migrantes venezolanos. La medida deja a más de 350.000 venezolanos en ese país en riesgo de deportación.
El TPS permitía a estos ciudadanos residir en el país norteamericano sin ser deportados y les daba la posibilidad de obtener un permiso temporal para trabajar en EEUU.
El SPIEF se lleva a cabo en la ciudad rusa de San Petersburgo del 18 al 21 de junio. La agencia RIA Nóvosti, que junto con Sputnik forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del foro.
Con más de 25 años de historia, el foro es una importante plataforma internacional de la comunidad empresarial y un espacio de debate sobre cuestiones económicas fundamentales. (Sputnik)
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