Con la puesta en marcha de una estrategia ambiciosa e innovadora, el Gobierno del Cambio busca dejar sentadas las bases que mejoren las condiciones de las comunidades afectadas por el narcotráfico.
“Con ustedes queremos cambiar esta economía, cuidarla, lograr que el campesinado y las comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo cómo una política que no se basa en las rejas, en las extradiciones, en la co-rrupción del Estado o en la represión puede ser muchísimo más eficaz”.
Con estas palabras el presidente Gustavo Petro lanzó oficialmente –el 3 de octubre de 2023, en El Tambo (Cauca)– la nueva política de drogas de Colombia “Sembrando vida desterramos el narcotráfico”, trazada con una proyección a 10 años (2023-2033), en cuya construcción participaron por primera vez las comunidades afectadas por el narcotráfico.
La nueva estrategia, que avanza en su implementación en zonas como el Catatumbo y el Cañón del Micay, se compone de dos pilares, denominados Oxígeno y Asfixia, con objetivos distintos, aunque complementarios, lo que le brinda a la política el espíritu de integralidad e innovación frente al modelo exclusivamente prohibicionista y represivo que ha caracterizado a la guerra antidrogas vigente desde 1971.
Los siguientes son algunos de los objetivos de los dos pilares:
1. Pilar Oxígeno
—Apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas.
—Implementar medidas de manejo ambiental y acción climática para la conservación y restauración de las zonas que, directa e indirectamente, han sido afectadas por la economía de las drogas ilícitas.
—Abordar el consumo de sustancias psicoactivas desde un enfoque de salud pública y de derechos.
2. Pilar Asfixia
—Afectar las capacidades y rentas de las organizaciones más fuertes del narcotráfico y el microtráfico, afectar su infraestructura ilegal, controlar estratégicamente sus insumos y combatir la corrupción asociada a sus actividades ilícitas.
—Fortalecer la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre, al igual que la persecución de las finanzas ilegales y lucha contra el lavado de activos, mediante el desarrollo de fuerzas de tarea de carácter internacional contra el crimen organizado, entre otros instrumentos.
—Avanzar en diálogos de paz y procesos de sometimiento como mecanismos para desescalar la violencia y desarticular organizaciones criminales vinculadas al mercado ilegal de drogas.
3. Regulación
La nueva política incluye avanzar en la regulación de mercados como el cannabis de uso adulto y los usos no psicoactivos de la hoja de coca, proteger las prácticas y saberes de las comunidades étnicas asociados a las plantas y liderar una estrategia de diplomacia internacional para el cambio de paradigma en el abordaje del fenómeno.
4. Erradicación
La estrategia busca reducir 90 mil hectáreas de cultivos ilícitos: 69 mil hectáreas voluntariamente y 23 mil hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial de manera forzosa.
5. Impacto
Con esta política el gobierno estima entre 55 billones de dólares y 86 billones de dólares en pérdidas para las finanzas ilícitas. El propósito es que esta política posibilite que aproximadamente 50 mil familias, de las casi 115 mil que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales.
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