Quito, 25 dic (Sputnik)- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador dispuso este martes fijar fecha de audiencia para formular cargos contra 16 militares por presunta desaparición forzada de cuatro menores, detenidos por una patrulla en el suroeste del país, hecho que coincide con la información circulada en medios locales del hallazgo hace pocas horas de varios cuerpos sin identificar en la zona a donde habrían sido llevados tras su arresto.
“La FGE, a través de su Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza, solicita fecha y hora para formular cargos contra 16 militares por su presunta participación en la desaparición forzada de cuatro menores de edad en Guayaquil”, señaló la entidad pública en la red social X.
El diario El Universo informó que varios cadáveres habrían sido localizados en las cercanías de un recinto de la municipalidad de Taura, donde se ubica la Base Aérea a la cual pertenecen los militares implicados en este hecho que ha conmocionado al país.
“Según datos preliminares, estos cadáveres se descubrieron en una zona de difícil acceso de dicha jurisdicción”, indicó el diario en la red social X. Sin embargo, la Policía no confirmaba aún esta información.
Por su parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dispuso al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, “poner bajo custodia militar a los 16 integrantes de la Fuerza Aérea investigados por la justicia en el caso suscitado el 8 de diciembre”.
“Disponer que, en caso de ser requerido por el sistema judicial, movilizaremos inmediatamente a los investigados para ponerlos en manos de la justicia”, señaló en un comunicado oficial.
Coincidentemente, este martes se realizó la audiencia de solicitud del recurso de “Habeas Corpus” presentada por los familiares de los menores, identificados como los hermanos José Didier e Ismael Eduardo Arroyo Bustos, así como Steven Gerald Medina Lajones y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero, entre 11 y 15 años de edad.
Según la defensa de los familiares, casi tres horas después de la detención de los niños, la madre de uno de ellos recibió una llamada de un hombre sin identificarse, quien les refirió que los niños estaban botados en Taura. En tanto, uno de los menores se comunicó e informó que habían sido torturados y abandonados en la vía y sin ropas.
En sus primeras declaraciones sobre el caso el fin de semana pasado, el ministro Loffredo rechazó la implicación de los militares en el hecho y lo atribuyó a grupos de la delincuencia organizada.
El lunes en la mañana, la misma autoridad señaló que el parte policial sobre el caso refería que los menores fueron encontrados robando y que fueron llevados a Taura y dejados en libertad.
Según la periodista independiente Karol Noroña, en la audiencia de este martes el fiscal Christian Fárez, quien lleva la investigación, señaló que no existe parte policial ni testigos que respalden la versión de un intento de robo.
Esta semana se registraron varias manifestaciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas y ciudadanos que exigieron al Gobierno buscar a los menores y devolverlos con vida.
También la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) emitió una “Petición de Acción Urgente” sobre estos hechos al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU para garantizar la búsqueda de los menores e investigar el caso.
Por su parte, el presidente Daniel Noboa prometió “impunidad cero” en este caso y, sin que se conociera el paradero de los menores, propuso que fueran declarados como “Héroes Nacionales”, hecho que causó indignación en un sector de la sociedad. (Sputnik)
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