Moscú, 3 sep (Sputnik).- Las autoridades de Colombia no logran responder a los desafíos derivados de la participación de sus ciudadanos en el conflicto en Ucrania como mercenarios, según declaró en una entrevista con Sputnik el catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle en Bogotá y asesor de las Fuerzas Armadas colombianas Henry Cancelado.
El pasado 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó al Congreso la consideración urgente de un proyecto de ley para la adhesión del país a la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios de 1989, tras reportes de que las Fuerzas Armadas de Sudán derribaron un avión con mercenarios colombianos a bordo.
“El Estado colombiano se demora en reaccionar porque empieza a ver una realidad para la que no estaba listo”, explicó el experto al ser consultado sobre las razones detrás de la activación de la labor legislativa del país, que incluye la consideración de unirse a la mencionada Convención y la presentación a comienzos de agosto de un proyecto de ley en el Congreso por parte del Ministerio de Defensa sobre la regulación del uso de drones y sistemas antidron.
El catedrático subrayó que el conflicto en Ucrania cambió drásticamente la percepción de las operaciones de combate, particularmente en el enfrentamiento aéreo y el uso de tecnologías avanzadas, y destacó su diferencia fundamental con el conflicto armado interno en Colombia.
“Es una guerra muy diferente, nuestra guerra es de guerrillas (…) No es de misiles, no es de trincheras, no es de sostener frentes. Entonces, claro, hay un choque. Entonces, políticamente se reacciona a eso, gubernamentalmente se reacciona a eso. Pero yo sí creo que lentamente vamos a ir yendo a analizar un poco esas realidades, porque (…) ya se sabe entonces que eso nos va a llegar”, indicó.
En agosto de 2024, el Gobierno colombiano presentó un proyecto de ley para ratificar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la ONU en 1989, que ya fue aprobado en primer debate por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
De ser promulgada, la ley permitirá a Colombia tipificar el mercenarismo como delito penal, prevenir el uso de mercenarios, sancionar a quienes participen en su financiamiento, reclutamiento o entrenamiento, y cooperar judicialmente con otros Estados parte.
El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado en más de una ocasión que Kiev usa a mercenarios extranjeros como carne de cañón. Algunos mercenarios capturados confiesan que los militares ucranianos coordinan mal sus acciones, y que los chances de sobrevivir en los combates son muy escasos dada la intensidad del conflicto.
Según un informe hecho público en octubre pasado, unos 15.000 mercenarios de más de 100 países han llegado a Ucrania desde febrero de 2022.
Varios testimonios apuntan a la presencia de cientos de colombianos combatiendo del lado de Kiev en este conflicto. (Sputnik)
at/ks/nv