Quito, 27 oct (Sputnik).- La Asamblea Nacional de Ecuador (parlamento unicameral) cumplió este domingo con el segundo debate de un proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables, en medio de intensos apagones y previo a su votación el lunes.
“Es lamentable cómo el Plan Maestro de Electricidad de nuestro país no se ha cumplido. Por ejemplo en el 2020 solo se introdujeron 7 MW al sistema; en el 2021 8 MW; en el 2022, 31 (MW) y en el 2023, Cero MW. Y ni qué hablar del mantenimiento de nuestras centrales térmicas e hidroeléctricas que tampoco tuvieron un centavo de inversión”, señaló la legisladora Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico del Legislativo.
Centeno, quien presentó la iniciativa gubernamental, impulsada por la bancada oficialista de “Acción Democrática Nacional” (centro derecha), recordó la poca o nula inversión en el sector en los últimos siete años y apuntó que ello, sumado la situación hidrológica inédita, deja al país sumido en esta grave crisis.
Al respecto añadió que Ecuador requiere de una iniciativa como esta para que los privados puedan de manera complementaria ayudar y aportar a la generación de electricidad, con fomento al desarrollo e implementación de las llamadas energías limpias y de transición.
Centeno precisó que los proyectos podrán ser de hasta 100 MW en energías renovables (ya no hasta 10 MW) y tendrán procesos simplificados que tomarán unos seis meses para su implementación.
“En el Ministerio (de Energía y Minas) hay cerca de 38 proyectos que se encuentran en un portafolio empolvados, a los que nadie realmente ha atendido y con esta normativa podrían empezar a destrabarse”, aseveró.
En ocho disposiciones generales del proyecto se establece que las personas jurídicas dedicadas a la actividad de generación térmica deberán presentar planes de transición hacia las tecnologías de menor impacto ambiental como el uso de gas natural, en lugar de combustibles fósiles más contaminantes, y el desarrollo de proyectos híbridos que combinen generación térmica con energía renovable.
A ello se añade que las personas jurídicas legalmente domiciliadas en el país podrán importar gas natural, siempre y cuando tengan los objetivos de autoconsumo para procesos productivos; así como quienes tengan como fin generar energía eléctrica y sustituir el uso de otros hidrocarburos en actividades productivas realizadas dentro del país.
En tanto los proyectos en trámite actualmente con límite de 10 MW podrán solicitar una revisión de sus permisos para adaptarse a los nuevos límites de potencia (100 MW), mientras los que operan con ese límite, podrán solicitar un ajuste de potencia, previa a evaluación técnica.
Centeno mencionó que en esta propuesta se establecen garantías estatales, para que se obligue al Estado al pago de la energía generada por los privados, de acuerdo con los contratos de concesión, y señaló que se propone un fideicomiso para administrar el pago de las tarifas, además de la regulación del mercado de gas natural.
“Lo que hemos propuesto es regular la libre importación de gas natural como una fuente de transición que definitivamente contamina menos que los combustibles fósiles y nos permite también brindar estabilidad y firmeza al sistema”, aseveró.
En el debate parlamentario, la legisladora Nataly Morillo, parlamentaria por el Movimiento Construye (centro derecha), señaló que la situación del país se debe en gran parte a la “excesiva concentración estatal en la producción de energía y a la falta de confianza en el sector privado” y apuntó que el gobierno de Daniel Noboa busca corregir errores del pasado y dar un paso firme hacia un futuro energético más diversificado.
“Se propone eliminar el límite actual de 10 a 100 MW para incentivar la participación privada en la generación de energía, aliviando así la carga que recae principalmente en el Estado. Este proyecto también brinda seguridad jurídica”, mencionó.
Por su parte, el legislador Ricardo Ulcuango, del movimiento Revolución Ciudadana (izquierda), llamó al gobierno a sincerarse y decir la verdad al país sobre qué va a suceder mañana o pasado mañana y señaló que así como en el año 1999 hubo un “feriado bancario”, ahora el 31 de octubre habrá un “feriado eléctrico”.
El parlamentario se refirió a la decisión del gobierno de declarar feriado el próximo día jueves como feriado nacional, con el pretexto de fomentar el turismo en medio de una situación económica compleja derivada de los cortes de luz.
Ulcuango señaló la necesidad de que sea aprobada a esta iniciativa, para no frenar la posibilidad de que el país pueda salir de esta situación, sin embargo, reclamó que varias leyes (unas seis) aprobadas en este órgano parlamentario, en beneficio del pueblo, han sido vetadas totalmente por el presidente Noboa.
En el debate, la legisladora Fabiola Sanmartin, por el movimiento de unidad plurinacional Pachakutik (indigenista, izquierda), señaló que “es fundamental que el país pase a un nuevo modelo de generación de energía renovable o termoeléctrica” y señaló que lo que ha llevado al país esta situación es el “retraso en la ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución del plan maestro de electricidad”.
Indicó que la problemática viene desde gobiernos anteriores que no hicieron nada y quieren que en menos de un año se resuelva lo que otros no hicieron, incluidos “los que ahora quieren echarle la responsabilidad al presidente Noboa”.
“Solo recordemos que en el 2017 el presidente de la Revolución Ciudadana Lenín Moreno (2017-2021) decía que no había “mesa servida” y por ello dejó de invertir en proyectos de generación”, señaló respecto a ese gobierno, que, sin embargo, traicionó a su organización política y se alió a la derecha nacional.
Apuntó que desde 2020 a 2023 debían entrar en operación 10 centrales de generación para atender la demanda actual y al momento existe un total de 1.298 MW de proyectos que no ingresaron en octubre de este año.
El debate fue cerrado por la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, tras 31 intervenciones.
Está iniciativa fue calificada como urgente en materia económica, como una vía para buscar una solución a la crisis energética que enfrenta el país, actualmente con 14 horas diarias de apagones. (Sputnik)
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