“Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de despojar al orden jurídico mundial de las protecciones que aún conserva para las naciones menos privilegiadas”, comienza diciendo Gustavo Petro en su nota de opinión publicada en The Guardian el 8 de julio.
“El 15 de julio, mi gobierno, junto con Sudáfrica —copresidentes del Grupo de La Haya—, convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza”. anunició el presidente de Colombia, aseverando que “nuestro objetivo es simple: introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley”.
Gobiernos como el mío tienen el deber de enfrentarse a Israel. Demasiados han fracasado.
Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Sin una acción decisiva, corremos el riesgo de despojar al orden jurídico mundial de las protecciones que aún conserva para las naciones menos privilegiadas”
Durante los últimos 600 días, el mundo ha visto a Benjamin Netanyahu liderar una campaña de devastación en Gaza , la escalada del conflicto regional y un abandono imprudente del derecho internacional en general.
Gobiernos como el mío no pueden permitirse la pasividad. En septiembre de 2024, cuando votamos a favor de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, asumimos obligaciones concretas: investigaciones, enjuiciamientos, sanciones, congelación de activos y cese de importaciones y armas. Dicha resolución fijó un plazo de 12 meses para que Israel pusiera fin sin demora a su presencia ilegal. Ciento veinticuatro Estados votaron a favor , incluida Colombia. El tiempo avanza.
Mientras tanto, sin embargo, demasiados Estados han permitido que cálculos estratégicos anulen nuestro deber. Si bien podemos enfrentarnos a amenazas de represalias al defender el derecho internacional —como descubrió Sudáfrica cuando Estados Unidos tomó represalias contra su caso ante la Corte Internacional de Justicia—, las consecuencias de abdicar de nuestras responsabilidades serán nefastas. Si no actuamos ahora, no solo traicionaremos al pueblo palestino, sino que nos convertiremos en cómplices de las atrocidades cometidas por el gobierno de Netanyahu.
Algunos gobiernos ya han dado un paso al frente. Mi gobierno, por ejemplo, suspendió las exportaciones de carbón a Israel , reconociendo que los lazos económicos son inseparables de las responsabilidades morales. Sudáfrica, por su parte, ha llevado a Israel ante el tribunal más importante del mundo. Y Malasia ha prohibido a todos los buques de carga con bandera israelí atracar en sus puertos. Sin una acción tan decisiva, corremos el riesgo de convertir el sistema multilateral en un foro de debate, despojando al orden jurídico de las protecciones que aún conserva para las naciones pequeñas, en desarrollo y menos privilegiadas, desde Asia occidental hasta aquí en Latinoamérica.
La próxima prueba para la comunidad internacional está a la vuelta de la esquina. El 15 de julio, mi gobierno, junto con Sudáfrica —copresidentes del Grupo de La Haya—, convocará una conferencia de emergencia sobre Gaza, instando a los ministros de todo el mundo a deliberar sobre una defensa multilateral del derecho internacional. Nuestro objetivo es simple: introducir medidas jurídicas, diplomáticas y económicas concretas que puedan detener la destrucción de Israel y defender el principio fundamental de que ningún Estado está por encima de la ley.
La invitación es abierta y urgente. El aplazamiento indefinido de la Conferencia Internacional para el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina propuesta por la ONU, copresidida por Francia y Arabia Saudita, ha dejado un vacío crítico en el liderazgo multilateral, precisamente cuando más se necesita.
La ONU ha declarado a Gaza como el lugar más hambriento del planeta y su misión de enviar ayuda a Gaza como una de las más obstaculizadas de la historia reciente. En este grave contexto humanitario, la conferencia de emergencia de Bogotá convoca a los Estados a pasar de la condena a la acción colectiva. Al romper nuestros lazos de complicidad —en los tribunales, puertos y fábricas de nuestros Estados—, podemos desafiar la visión de Donald Trump y Netanyahu de un mundo donde la fuerza es la razón.
La disyuntiva que tenemos ante nosotros es dura e implacable. Podemos mantenernos firmes en la defensa de los principios jurídicos que buscan prevenir la guerra y el conflicto, o contemplar con impotencia cómo el sistema internacional se derrumba bajo el peso de una política de poder desenfrenada. Seamos protagonistas juntos, no suplicantes separados.
Para los miles de millones de personas del sur global que dependen del derecho internacional para su protección, hay mucho en juego. El pueblo palestino merece justicia. El momento exige valentía. La historia nos juzgará con dureza si no respondemos a su llamado.
/TG