Quito, 22 nov (Sputnik) – El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) de Ecuador, José Villavicencio, denunció este viernes que el Gobierno del presidente Daniel Noboa busca desacreditar las protestas realizadas en el país en las últimas horas al insinuar que están financiadas con dinero ilícito, en particular con 2,1 millones de dólares incautados el jueves.
“Condenamos la postura del Gobierno insinuando que los recursos incautados el día de ayer eran para las protestas. Con esa posición solo muestran su temor a las voces organizadas que rechazan las políticas neoliberales que precarizan la vida”, afirmó el líder sindical en conferencia de prensa en esta capital.
Villavicencio hizo referencia a las declaraciones del mandatario, quien la víspera informó que dos mujeres procedentes de Panamá habían sido detenidas en el país con dos millones de dólares en una maleta a su arribo por el aeropuerto internacional de Quito y sugirió un vínculo entre este suceso y el contexto de las movilizaciones que tuvieron lugar la tarde del jueves contra las políticas del Gobierno.
El líder del FUT rechazó la represión policial durante la manifestación en esta capital, donde al menos 10 personas fueron detenidas por parte de los uniformados, que dispersaron a los participantes con el uso de gases lacrimógenos y motos.
“No hay recursos para educación, salud o para generar empleo, pero sí para comprar bombas lacrimógenas para reprimir a los ecuatorianos”, lamentó Villavicencio.
En la rueda de prensa se informó que, pese a la intención del Ejecutivo de impedir el derecho de los ciudadanos a las protestas, en los próximos días anunciarán nuevas acciones en contra del Gobierno.
Unos 1.400 efectivos policiales fueron ubicados en el centro histórico de Quito para impedir que la movilización llegara a la zona aledaña al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
El miércoles, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dio a conocer que no se había recibido un permiso para la movilización y llamó la atención sobre la prohibición del derecho de reunión en el contexto de un estado de excepción vigente.
Por su parte, la Corte Constitucional emitió un comunicado donde informó que en su fallo del 14 de noviembre fue declarada la inconstitucionalidad de dicha prohibición. (Sputnik)
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