Quito, 7 nov (Sputnik).- La ecuatoriana Mercedes Macías falleció el 11 de septiembre tras una descompensación de su salud y una larga lucha para que los centros de diálisis privados que hay en el país, que dan servicios a los pacientes con disfunción renal, reciban el pago correspondiente.
“El deceso de mi señora fue por negligencia médica y porque se descompensó bastante por la falta de pago a las clínicas”, dijo a la Agencia Sputnik David Hugo Mora, viudo de Mercedes, con una mezcla de dolor y enojo en su tono de voz.
Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, ratificó a esta agencia que aproximadamente 24.000 enfermos renales corren riesgo de no recibir atención médica y recordó que alrededor de un millar han muerto en lo que va de 2024.
“Hemos contabilizado alrededor de 800 a 1.000 pacientes fallecidos en lo que va del año, y de esta cantidad el 50 por ciento se ha dado en los últimos tres meses, lo que es un índice que nos preocupa, porque es decir que ha aumentado (el número de decesos) en comparación con años anteriores, porque lamentablemente no han podido acceder a sus tratamientos debido a la por falta de pago de dos instituciones”, explicó.
Freire dijo que el Ministerio de Salud Pública (MSP) adeuda a los prestadores de salud más de 160 millones de dólares, mientras el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) debe más de 100 millones.
El ministro de Salud Pública, Antonio Naranjo, dijo al canal público Ecuador TV el 23 de octubre último, que desde julio se ha pagado mensualmente “una cantidad que permita garantizar la operación de las diferentes unidades de diálisis del país” y admitió que la deuda hasta mediados de julio pasado era de 140 millones de dólares.
“Esperamos en el mes de noviembre a diciembre cerrar, probablemente, cerca de los 100 millones de dólares”, añadió.
Para la Asociación de Centros de Diálisis las sumas pagadas hasta la fecha son insuficientes, ya que se necesitan 13 millones de dólares mensuales para cubrir el tratamiento de unos 24.000 pacientes derivados de la red nacional de Salud Pública, cuyo pago corresponde al Estado, y del IESS, que se financia con aportes de empleados y empleadores.
CARENCIAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Mora, el viudo de Mercedes Macías, dijo que los pacientes y sus familiares sufren por la falta de medicamentos y deben comprarlos por su cuenta; sin embargo, las personas de bajos recursos económicos tienen menos posibilidades de adquirirlos.
“Si en las clínicas (privadas) no hay nada, imagínese en el Hospital del Guasmo Sur o en el Monte Sinaí”, afirmó el hombre al referirse a dos instituciones que corresponden al sistema del MSP, que ofrece servicios gratuitos a los ciudadanos.
Mora narró que la angustia se multiplica porque los insumos cuestan entre 100 y 200 dólares, una suma elevada para los sectores de bajos recursos.
Freire, por su parte, dijo que la disfunción renal es una enfermedad “muy cara” y el paquete integral para la atención de un paciente asciende a 1.456 dólares mensuales.
Este monto incluye la conexión a la máquina de hemodiálisis tres veces a la semana durante cuatro horas cada sesión, en total de 12 a 14 sesiones, según el paciente, además de los exámenes periódicos, la atención de nefrólogos, nutricionistas, psicólogos, cardiólogos, y los tratamientos de la hipertensión y diabetes más el suministro de vitaminas.
“De estos (pacientes) el 100 por ciento se ha visto afectado, porque algunos han podido conseguir insumos, pero de un 60 al 70 por ciento ha tenido una mayor complicación en acceder al tratamiento, y de este 70 por ciento, (de) un 25 al 30 por ciento se ha quedado prácticamente sin atención y no ha podido acceder durante un periodo largo”, apuntó la vocera.
Además de esta situación de salud, existe un atraso en el pago a los especialistas que ofrecen estos servicios en Ecuador.
“Son más de 4.000 médicos especialistas y enfermeras que están atrasados en sus sueldos desde hace seis meses y un nivel de sobreendeudamiento que tenemos con los proveedores de insumos para las diálisis”, anotó Freire.
El ministro de Salud señaló que, en promedio, la cobertura en el abastecimiento de medicamentos está en el 84 por ciento y en un 83 por ciento el de insumos, lo cual “garantiza una prestación adecuada”.
No obstante, el funcionario admitió que existen “ciertas áreas y ciertos tipos de medicamentos en especial donde puede haber desabastecimiento”, pero dijo que se trabaja para evitar que esto suceda.
Félix Galarza, de la Alianza Nacional por la Salud, que aglutina a 38 organizaciones de pacientes de enfermedades raras, catastróficas y discapacidad, dijo a la Agencia Sputnik que los problemas para ellos continúan. Esto, pese a que en 2020 hubo un fallo de la Corte Constitucional a favor de estos pacientes, sin cumplirse aún, donde se llamó la atención al gobierno nacional por la reducción del presupuesto destinado a salud, medicamentos y talento humano del MSP. El fallo también exigió abstenerse de reducir el presupuesto en salud destinado a medicamentos y a garantizar el derecho al acceso y a la disponibilidad de medicamentos de calidad, seguros y eficaces a los necesitados.
INCERTIDUMBRE
Gabriela Álvaro, de 31 años y paciente renal, residente en Quito, capital de Ecuador, contó a la Agencia Sputnik que cada día que pasa se levanta con el pesar de que el Estado no ha pagado para continuar recibiendo su atención especializada.
“Hace tres meses ya empezó la incertidumbre verdadera; o sea, ya de tener miedo a quedarnos sin la terapia”, dijo, con voz entrecortada.
Indicó que hay centros que están haciendo el esfuerzo por sacar presupuesto y endeudarse para dar atención a los enfermos, comprar insumos y pagar a sus trabajadores, pero otros han comenzado a cerrar.
“Es terrible ver cómo hay pacientes que ya no están yendo los días que tienen que ir a sus diálisis por falta de presupuesto, porque ya no tienen dinero ni para pagar el transporte privado”, apuntó.
Álvaro aseveró que están siendo violentados los derechos humanos de los pacientes, porque no existe una respuesta concreta, que es el pago por parte del Estado y del IESS para que continúen los servicios médicos, y sus vidas corren peligro inminente.
“El dejar de hacerse sus diálisis conlleva no solo tener problemas en el sistema renal, sino también en la parte cardiaca, y cuando las personas nos comenzamos a intoxicar al no recibir bien nuestra terapia, podemos también caer en coma y ahí si ya no hay salvación”, explicó.
Las hemodiálisis permiten limpiar la sangre de los pacientes con disfunción renal, para liberarlos de toxinas y del líquido extra de la sangre, debido a que los riñones ya no pueden realizar esta función. En caso de que un paciente no acceda a este tratamiento, podría morir en pocos días o en algunos casos en semanas.
Según Freire, de las 105 clínicas de diálisis a nivel nacional, seis o siete ya quebraron por la falta de pago, mientras otras han debido interrumpir su labor por falta de insumos para ofrecer los tratamientos.
Según relató Mora, en los últimos tiempos él acompañó a su esposa a movilizarse en las calles para exigir tanto el Gobierno como el IESS que retribuyan a las “dializadoras”, pese a que la Policía los dispersaba incluso con gases.
La semana pasada, el Gobierno anunció que pagó 670 millones de dólares a prestadores de salud y otros proveedores, de los cuales 14 millones de dólares fueron destinados a las clínicas dializadoras privadas que trabajan con el MSP y otros 15 millones de dólares al hospital de lucha contra el cáncer, Solca, una obligación respecto de la cual el ministro de Salud Pública aseveró que “existe el compromiso del Gobierno nacional de priorizar”.
En espera de ser escuchada, la Alianza Nacional por la Salud adelantó que prepara un manifiesto para entregar a todos los candidatos presidenciales para las elecciones de 2025, para que conozcan qué son las enfermedades raras y catastróficas y se pronuncien al respecto, a la vez que construye un proyecto de ley que prevé un presupuesto fijo para atender a estos pacientes, para que al menos se cubra el 80 por ciento del cuadro de medicamentos.
En sus días finales de existencia, Mercedes estuvo ingresada en un hospital público de la ciudad de Guayaquil, desde donde, sentada en la cama, tuvo la fortaleza de enviar un último pedido al Gobierno a nombre de los miles de pacientes renales del país.
“El pedido mío, señor presidente (Daniel Noboa), es que pague a las clínicas”, dijo mirando a la cámara, vestida con una bata azul de la que solo se la despojarían para ser amortajada. (Sputnik)
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